Cuaderno Extremeño para el Debate y la Acción

Por Ramón Besonías –

Cada vez que un gobierno, sea cual sea su pelaje, anuncia su intención de decretar una nueva ley educativa, familias y docentes adoptamos dos actitudes recurrentes: poner en solfa las entretelas de esa ley o simplemente correr un tupido velo de silencio e indiferencia. Durante unas semanas, al son de los titulares de los medios, a menudo sesgados y con intención de generar polémica más que consenso, entramos al trapo despotricando en redes y bares sin leer la letra chica de la ley, a modo de mera digestión, esperando que a fuerza de ladrar se nos pase el cabreo. Pero no se nos pasa y, como uno no puede estar todo el día enfadado, pues lo deja pasar y sigue a lo suyo, cruzando los dedos, con la esperanza que esta y otras leyes de temporada no nos ajen la esperanza.

Reconozcámoslo, casi ninguna familia ni docentes leen las leyes educativas. A lo sumo, coleccionamos titulares que enervan nuestra paciencia y, encomendándonos a santos profanos, rezamos sin mucha fe para que la nueva ley no empeore la anterior. Confiamos más en nuestra voluntad que en las leyes. No sin razones que den pábulo a nuestra desconfianza, el relicario de leyes educativas que han abonado con más sequía que fertilidad nuestra biografía colectiva ha inoculado en nuestra confianza una indefensión aprendida sin remedio, por muy engalanadas que vengan las entretelas del texto y nos las vendan empaquetadas en papel brillante y letra en tinta de oro. Simplemente dejamos de creer y, por mera supervivencia, dejamos la suerte de la Educación a libre albedrío de nuestra voluntad. Todo depende de las familias y los docentes, a pesar de la ley que nos traiga el viento. Cuando llega una nueva ley, apenas se despeina el andamiaje que sostiene la escuela. A lo sumo, lo que se aprecia es un cambio y aumento de burocracia que quita tiempo a lo realmente importante.

Sin embargo, esto no quita la necesidad de que las leyes educativas deban mutar y hacer mella en las aulas. Si algo no funciona, lo lógico es buscar nuevos caminos que corrijan el entuerto. Lo cortés no quita lo valiente, mal que nos pese o a pesar de tener herida la confianza. Por eso es tan importante examinar la ley educativa con paciencia y sesera, dejando aparcadas por un instante nuestras querencias ideológicas y el hervor de las tripas.

Quisiera poner un ejemplo que ha revuelto el gallinero mediático y que, a mi juicio, supone una invitación a mejorar. Lo que presentado bajo el lustre engañoso de un titular pudiera parecer un desatino ―con la nueva ley los alumnos podrán aprobar sin esforzarse―, si leemos despacio la ley vemos que lo que pretende es que no sean los aprobados o suspensos, sino la junta de evaluación quien decida si un alumno está preparado para promocionar o no. Que sean los docentes quienes tomen las medidas necesarias durante el curso para que un alumno mejore sus competencias y decidan como equipo, no individualmente desde su área, lo que es mejor para sus alumnos. La ley delega la potestad de la promoción no al cómputo final de las calificaciones, sino a la decisión del equipo de docentes que imparten clase a esos alumnos, que deberán decidir su promoción no en función de un mero recuento de notas, sino atendiendo al proceso de aprendizaje tomado como un todo, donde lo que importa es el desarrollo global del alumno y su capacidad para emprender con confianza nuevas sendas formativas.

Es no solo capcioso, sino también mentira sentenciar esta medida con titulares que en ningún caso describen la complejidad y respeto que merecen nuestros alumnos. Una calificación no dice nada del proceso de aprendizaje, de los problemas encontrados y los esfuerzos por superarse. Las familias debemos exigir a los docentes que se cuide el proceso de aprendizaje a lo largo del curso, tomando medidas eficaces de refuerzo y apoyo a las dificultades de nuestros hijos. Y, como es lógico, los docentes deben exigir a las consejerías de Educación una dotación de medios humanos y materiales que faciliten esa atención. Una ley educativa como esta, que nace con voluntad de solucionar graves problemas, no puede acometerse sin un presupuesto digno. De lo contrario, volveremos a poner la responsabilidad de su eficacia a la voluntad de la comunidad educativa, dejándola sola y desarmada, más escéptica y descreída si cabe.