Por Manuel Martín Ruiz –
Con la afortunada rutina de celebrar elecciones generales democráticas, los españoles acudimos a las urnas el pasado 10 de noviembre de 2019, y con unos resultados conocidos por todos: un gobierno de coalición entre el partido más votado, con un 28 %, y el cuarto en número de escaños, con un 12,8 %, hecho este que dio lugar a un acuerdo programático, el cual, junto con otros apoyos, incluidos nacionalistas e independentistas, dio paso al denominado por algunos, con mucha ironía, “gobierno Frankenstein”.
En enero de 2020, apenas se acababa de publicar la reorganización de las estructuras de los diferentes departamentos ministeriales, llegó la pandemia. Y en estas circunstancias se puede explicar, al menos en parte, cierta demora en la toma de conciencia y de medidas suficientes. Hoy día, en 183 países la pandemia ha supuesto el contagio de más de diez millones de personas y el fallecimiento de más de 500.000.
Con carácter general en todos los países se han adoptado el confinamiento de la población y la paralización de la actividad económica, si bien en grado variable de intensidad y duración. Hasta que el mundo científico pueda proporcionar una vacuna se hace preciso combinar la reactivación de la economía, a pesar del alto grado de desconfianza que mantenemos hacia los otros, debido al enorme riesgo de propagación de contagios. Esta circunstancia nos obliga a escenificar modelos alternativos de trabajo, educación, ocio y relaciones personales.
Algunas de las enseñanzas de la pandemia hasta hoy son: la importancia de preservar, a nivel nacional, reservas estratégicas y autonomía en la producción de algunos artículos básicos (hoy, sanitarios, ¿mañana, alimentarios?); la necesidad de la autoridad del Estado para ejercer sus plenas competencias constitucionales ante situaciones extremas; y que la prestación de servicios concertados con el sector privado pueda ser recuperada por el poder público con diligencia y seguridad jurídica, de ahí la importancia de pliegos de contratación de prestación de servicios equilibrados que salvaguarden siempre el interés general.
Las consecuencias de la pandemia son y serán de tal magnitud que la pretensión de hacer cumplir el acuerdo de gobierno o de mantener las promesas electorales de cualquiera de los grupos políticos es ignorar los nuevos retos, muy en particular en la economía y en el orden social. A tal fin, hoy más que nunca cobra valor el “todos para uno, uno para todos”. Se ha demostrado que en el tiempo de alarma discurrido ha sido posible combinar una amplia variedad de acuerdos con diversos, e incluso antagónicos, partidos políticos. Hemos transitado de un “gobierno Frankenstein” a “acuerdos Frankenstein”. Ahora toca presentarse ante la Unión Europea con un gran pacto de reconstrucción económica y social de todos los grupos políticos. Y para ello se requiere revisar las ideas previas al inicio de la pandemia e intentar prever el mundo que se avecina y redefinir las prioridades. Todo ello, con altura de miras.
Aunque mantengamos la fidelidad a los principios, olvidemos lo que prometimos, incluidos relatos míticos, que nos debilitan como país, y sigamos la recomendación del Fondo Monetario Internacional: “gastemos cuanto podamos” y, según plantea la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la señora Calviño, “la estabilidad más tarde”. Por su parte, la CEOE aboga por el consenso y el diálogo para llegar a acuerdos para una salida de la crisis contando con la colaboración pública-privada y la seguridad jurídica.
Seamos más eficientes, simplifiquemos estructuras y procedimientos, armonicemos leyes y demos celeridad administrativa a las reformas, sustituyendo, por ejemplo, subvenciones (que exigen recaudar previamente) por incentivos fiscales.
Reiniciemos la salida más rápida de la economía mediante el “reseteo” del sistema productivo impuesto por el estado de alarma, recuperando transitoriamente los procedimientos habituales para respirar hoy, teniendo muy presente la necesidad de implantar un sistema productivo orientado hacia la innovación, la economía verde y la digitalización, a la vez que reforzando los sistemas de enseñanza, sanidad y atención a las personas (“care”).
Los ciudadanos españoles necesitan que sus representantes políticos apuesten por este pacto de reconstrucción social y económica proyectado al futuro y que merezca credibilidad ante la Unión Europea, aprovechando el semestre de presidencia alemana para reconducir la resistencia que los países denominados “frugales” plantean al destino de los fondos asignados a dicho pacto.
Los daños en la economía mundial serán de tal magnitud que se requerirá un gran endeudamiento para muchos países; para otros, la reestructuración e incluso condonación de deuda. Por ello, tras las elecciones electorales de noviembre en Estados Unidos, será precisa una nueva reorganización mundial de reglas financieras y del comercio similar a la de los Acuerdos de Bretton Woods en 1944. Mientras eso llega, avancemos en la recuperación de la economía en España y en la Unión Europea. Estoy convencido de que en Extremadura, una vez conseguido el acuerdo con los agentes económicos y sociales (al igual que ha sucedido en Castilla y León), será factible encontrar el acuerdo de todos los grupos políticos para la recuperación económica.

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