Cuaderno Extremeño para el Debate y la Acción

Álvaro Hernández —

“¡No queremos una España de proletarios, sino de propietarios! Aspiramos a que la vivienda sea del que la vive y que de la ‘renta limitada’ pasemos al ideal de la ‘venta limitada’”. Esta fue una frase mágica durante el franquismo. La profirió José Luís Arrese, arquitecto, falangista y ministro de la Vivienda. En 1959.

¿Sería en Arrese en quien la señora Thatcher se inspirase para aprobar (1980) la ley que facilitó la privatización del inmenso parque británico de vivienda pública, de los mayores de Europa, pacientemente construido por el Laborismo a lo largo de muchas décadas? En quince años, dos millones de arrendatarios de vivienda pública se convirtieron en propietarios… y dejaron así de ser proletarios y se ataron de por vida a una hipoteca. Eso les cortó las alas y le dio el poder a los conservadores (¿no era eso de lo que se trataba?). La vivienda, ya convertida en mercancía, se colocó al servicio del negocio privado: el Reino Unido reforzaba su descenso hacia los abismos de la desigualdad, de la mano del ultraliberalismo tory.

Entonces no se sabía lo que ahora sabemos en España: que no era preciso privatizar vivienda a vivienda. Que bastaba vender de golpe paquetes de unos cuantos miles de viviendas públicas a los fondos buitre, con todos sus inquilinos dentro, y dejar que los compradores los fueran expulsando sin que los entes públicos tuvieran que mancharse las manos. En época de Arrese los fondos de pensiones globales no habían nacido, mientras que en época de, pongamos, la alcaldesa de Madrid Ana Botella, los fondos competían por hacerse con las viviendas públicas con tal de convertir en patrimonio la enorme liquidez que generaban las pensiones de los jubilados de países ricos: por mucho inquilino que hubiera que expulsar, siempre era más rentable invertir a largo plazo en ladrillo que hacerlo masivamente en renta variable, algo muy peligroso en tiempos inciertos como los nuestros. Y el Ayuntamiento hacía caja timando a sus inquilinos. Todos contentos (bueno, menos los inquilinos: como siempre, los pobres financiando a los ricos).

A la señora Botella le pudo salir mal la jugada; a ella y a los cabecillas que, en la Comunidad de Madrid, dieron el mismo golpe. Se libró la alcaldesa de la cárcel gracias a la complacencia de los jueces con una señora tan importante. Salió del apuro sin un rasguño ―ya se sabe que la ley es igual para todos―. Es el proceder natural de las formaciones políticas con agenda oculta: privatizar los bienes públicos en beneficio de sus allegados. ¡No vamos a pretender que vayan por ahí explicando lo buenas que son estas prácticas para los bolsillos privados! Por ello los políticos conservadores no tienen muchas ideas aprovechables, como no sea la de destruir, a cualquier precio, a los adversarios que defienden el patrimonio común.

Ah, pero ni estos pelotazos son exclusivos de Madrid ni los dan solo los políticos de primera fila. Lo preocupante (aparte de que la dicha alcaldesa no haya sentido bochorno por el inmenso sufrimiento que ha provocado a miles de familias) es que cunden ejemplos de malversación tanto entre altos cargos políticos como entre ciudadanos comunes. No me resisto a citar un ejemplo también bochornoso promovido desde la otra punta del espectro. Sucedió en Sanlúcar de Barrameda, poco antes de las primeras elecciones municipales democráticas. Conozco el caso porque formaba parte del equipo de arquitectos que diseñamos y dirigimos las obras de 900 viviendas de promoción pública (VPP), destinadas al alquiler asequible de familias vulnerables.

El Palomar, Sanlucar de Barrameda (1973-1977): 900 viviendas de promoción pública (VPP) para alquiler a familias de muy bajos ingresos. Instituto Nacional de la Vivienda. ¡Incluso en pleno franquismo algo más de VPP que ahora se promovía!

Cuando ya estábamos rematando las obras, entró la nueva Corporación municipal. Si no recuerdo mal, el Alcalde era del PCE. Convenció a los cientos de familias a las que ya les habían adjudicado las viviendas para que las ocupasen y se olvidaran de pagar nada, que para eso eran del pueblo soberano. Y las familias ocuparon las casas que ya estaban casi habitables, mientras muchas otras seguían en obras. Aquello se convirtió en un pandemónium colosal: la empresa constructora no podía rematar las obras, no había suministro eléctrico porque los ocupantes se negaron a pagar nada, ni el magro alquiler, ni la factura de la luz, ni los cargos municipales por servicios que había que prestar… De manera que la urbanización no tenía ni alumbrado público. Los parques infantiles fueron demolidos para arrancar y revender los juegos de los niños; las palmeras de las avenidas fueron achicharradas con mecheros; empezaron a caer escombros por las ventanas porque a los ocupantes no les gustaban los armarios empotrados, etc.

No podemos hacer totalmente responsables de estos actos a familias que venían de estratos económicos muy bajos, pero alguien debería haber considerado su extracción social y su nivel educativo antes de facilitar que esto sucediese. ¡Resulta que eran proletarios! O como antes se decía, pertenecían al lumpenproletariat. Eso, en parte, les absuelve. La señora Botella, en cambio, era finísima y se codeaba con sus pares incrustados en las tres cúpulas políticas conservadoras de nuestro país: las de los tres poderes del Estado. Además, se cometió el error de juntar cientos de familias vulnerables en el mismo barrio, muchas en exclusión social severa, sin experiencia de vida en comunidades de vecinos. De Arrese a Botella: de aquellos polvos vinieron estos lodos… ultraliberales.

Tengo más de estas; sin embargo, con una basta para entender que todos somos un poco responsables de que nuestro país esté deslizándose por una cuesta resbaladiza hacia el bloqueo social por haber dado prioridad a las políticas de vivienda pública en venta con precio tasado (VPT), hoy transferidas a las comunidades autónomas, congelando así la movilidad geográfica de la población. Todo se privatiza: las viviendas para profesores de la Universidad Complutense ya no albergan profesores, sino familias de descendientes del último profesor que se apalancó en su casa dejando a la Universidad sin un recurso fundamental para la calidad de la enseñanza, como es la invitación de profesorado internacional. La endogamia universitaria lo impide; además, no hay manera de alojarlos en una ciudad con precios de alquiler disparatados. Lo mismo sucede con las viviendas militares o policiales. Una vez que una familia se instala en una vivienda que estaba prevista para uso y/o alquiler público, maniobra para hacerse con ella hasta que lo consigue. Como la vivienda pública de alquiler deja poco beneficio a promotores y constructores, y como nos hemos cargado la banca pública y la privada no financia esa modalidad, o los entes públicos promueven directamente con cargo a sus presupuestos, o hay banca pública, o no hay nada que hacer… Pero, ¡ay!, en las campañas electorales hay que prometer bajadas de impuestos. La promoción de viviendas públicas en alquiler no tiene fondos que la financie sin una fiscalidad adecuada a las necesidades urgentes de este país.

Esta situación colabora a la hora de aumentar la parálisis social: ni hay viviendas para quienes las necesitan, ni las Administraciones públicas construyen ya viviendas de propiedad pública para alquilar, ni los jóvenes se pueden independizar, ni los programas de lo que se construye atienden a las necesidades de colectivos específicos, ni parece que este panorama vaya a cambiar. ¿Cómo? interviniendo en el negocio inmobiliario mediante estrategias inteligentes surgidas de las instituciones públicas: recuperando la banca pública, priorizando el alquiler, poniendo en pie cuerpos de inspección con medios suficientes para evitar el fraude, declarando inalienable la vivienda pública, no despilfarrando el suelo público calificado, eliminando las subvenciones a promotores privados para construir vivienda social en venta, etc. Acciones que en España se consideran heréticas. Hemos visto cómo va menguando la cantidad de viviendas que el presidente Sánchez prometía gracias a la SAREB; cómo se habla ya poco de aprovechar esa oportunidad para resucitar la banca pública y las viviendas públicas… mientras, los austríacos, con un 80% del parque de viviendas en manos de instituciones públicas, tienen resuelto el problema. Claro, llevan todo el siglo pasado acumulando. Aquí, dilapidando.

De manera que seguimos reculando, truncando cualquier gesto hacia la modernización del país en un renglón tan estratégico como es la vivienda pública, sin conseguir romper el encantamiento que impide reconocer que la vivienda es un derecho, no una mercancía.