Fernando Pulido
Conceder que la crisis demográfica es poco menos que un desafío estadístico que se puede mitigar con unas cuantas hordas repobladoras es hacerse trampas al solitario. No, señores: el problema subyacente es la omisión del principio esencial de igualdad de los ciudadanos, tal y como el propio término delata. Ello se manifiesta con crudeza a escala estatal, pero la misma discriminación vemos a diario cuando viajamos desde las capitales extremeñas a los pueblos, donde cada vez es más difícil encontrar a quien preguntar en el tétrico decorado de persianas bajadas. Las cifras aterradoras de exilio juvenil y baja natalidad esconden el abandono de los pueblos, es decir, la renuncia a hacer de sus habitantes ciudadanos equiparables en derechos a los del medio urbano.
Contrariamente a lo que suele pensarse, la igualdad en el acceso a la sanidad, la educación o las comunicaciones son solo una parte del problema, y seguramente no la más decisiva. Extremadura mantiene niveles aceptables de prestación de estos servicios sociales que uno, ciertamente, aprecia cuando atraviesa los páramos castellanos o aragoneses. Y, aun con ellos, la hemorragia se produce y se prevé que continúe. El problema es, me temo, bastante más profundo, y tiene que ver con capacidades y actitudes mucho más difíciles de gestionar que las inversiones en infraestructuras. No serán seguramente deficiencias que afloran fácilmente en los anuarios oficiales o que puedan detectarse en la visita semanal del funcionario administrativo o el turista. Hay que estar allí a diario para percibirlas; hay que sufrir con el emprendedor agrario o comercial cada traba a la que se enfrenta; hay que darse de bruces con el conformismo insultante de algunos ediles o de ciertos vividores de lo rural, y, posiblemente más grave, hay que padecer la falta absoluta de programas de promoción del conocimiento y aprendizaje empresarial práctico impartidos por profesionales empáticos que no miran el reloj mientras trabajan.


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